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Violencia de género y medidas de tratamiento en agresores. Sofía Remón Chozas

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Aunque nuestra preocupación primera es siempre la víctima, entendemos que estos programas, si evitan más víctimas, bienvenidos sean.

A continuación el resumen de un brillante trabajo de una de  nuestra alumna de la segunda edición del Máster Cisneros en evaluación psicológico- forense y penitenciaria (2016/2017).

Análisis descriptivo pre-tratamiento del Programa para agresores de violencia de género en medidas alternativas (PRIA-MA)

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Resumen del Trabajo Final de Máster “Análisis descriptivo pre-tratamiento del Programa para agresores de violencia de género en medidas alternativas (PRIA-MA)”

Sofía Remón Chozas

Al hablar de agresores de violencia de género e instituciones penitenciarias surgen algunas preguntas… ¿Son eficaces los tratamientos penitenciarios o de penas alternativas para agresores de violencia de género? ¿Previenen las recaídas?  ¿Cuál es la implicación del gobierno en este contexto?

En la actualidad, la violencia de género forma parte de un problema social de gran trascendencia (Pérez, Giménez-Salinas y De Juan, 2013). Según el Informe anual del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015, han llegado a los juzgados un total de 777.412 denuncias por violencia de género. La media anual de denuncias por violencia de género en el año 2015 fue de 354 denuncias al día, 12 más que la media diaria de denuncias del año 2013 y 7 más que la media diaria de denuncias del año 2014 (Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, 2017).

Estos datos evidencian la necesidad de intervenir con las víctimas de violencia de género valorando la sintomatología y consecuencias que presentan, y asimismo, de la importancia de los tratamientos con los hombres que ejercen  este tipo de violencia hacia la mujer (Pérez et al., 2013), con el objetivo de que se responsabilicen de su comportamiento agresivo y sean conscientes de que la respuesta violenta es intencional y aprendida, por lo que se puede modificar (Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, 2015).

Respondiendo a la pregunta sobre la validez de los tratamientos penitenciarios para agresores de violencia de género; Pérez, Giménez-Salinas y De Juan, (2013), demostraron su eficacia concluyendo tras su estudio junto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que existía una evolución positiva de los penados en todas las variables analizadas (1). Asimismo, cabe señalar que en la actualidad, tanto en Europa como en Norteamérica la gran parte de las intervenciones con hombres maltratadores hablan de la importancia de la integración de dos enfoques: el enfoque de la perspectiva de género y la terapia cognitivo-conductual (Langlans, Wars y Gilchrist, 2009; Pérez et al., 2013).

Por todo esto, el objetivo del trabajo fue la realización de un análisis descriptivo de diferentes variables sociodemográficas, criminógenas y psicológicas pre-tratamiento, de 16 hombres penados por violencia de género con la condena de la realización del “Programa para agresores de violencia de género en medidas alternativas PRIA-MA” (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2015), comparándolos con los resultados del estudio realizado por Pérez, Giménez-Salinas y De Juan en el año 2013 junto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a 770 penados en el cual evaluaban el “Programa de intervención para agresores (PRIA) en medidas alternativas (2010)” (1).

En cuanto a los resultados obtenidos de los datos del perfil sociodemográfico, señalar que entorno al 50% de los sujetos superaron la primera etapa de educación secundaria e inferior y destaca un 18,75% con solo la alfabetización, características que pueden influir a la hora de impartir el programa por falta de comprensión, y deben ser adaptados. Asimismo, hay que prestar atención al seguimiento de las relaciones, ya que un 31,25% vive en pareja, y dado que tienen impuesta una “orden de alejamiento”, la convivencia es con una nueva pareja o con la víctima si ha finalizado la orden. Además, la mitad de los sujetos de la muestra obtienen unos ingresos inferiores a 9.000 euros al año, posible obstáculo si necesitan recursos para desplazarse a realizar el programa todas las semanas, y teniendo en cuenta que un 43,75% se encuentra en situación de desempleo en el momento de realizar el estudio.

Se debe tener cautela a la hora de interpretar los resultados debido a que el tamaño de la muestra es pequeño, pero podría intuirse que el abandono (25% de la muestra) o pérdida de un progenitor en la infancia (25% de la muestra) es una característica que se repite en el perfil de agresores, además del porcentaje de agresores que han sido testigos de violencia familiar (31,25%) o víctimas de malos tratos físicos (31,25%) y psicológicos (31,5%). En el 68% de los casos la víctima es la pareja del penado y, dentro de este porcentaje, el 25% lo son también los hijos/as. Por ellos, este aspecto se debe tener muy en cuenta para la legítima protección de los menores en cualquier caso. Además, el 30% de los sujetos emplearon armas en la comisión del delito; el 30% se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia y, el 43,75% se encontraba en trámites de separación y/o ruptura de la relación de pareja.

En relación a las variables psicológicas, resalta la percepción que tienen la mayoría de los usuarios de que los celos patológicos no son un problema en su relación. Además, presentan una media muy elevada en la percepción de la calidad de la relación de pareja, lo que puede reflejar la falta de la capacidad de reconocer la existencia de un problema o daño en la relación, junto con la tendencia a minimizar o no asumir su responsabilidad respecto al delito cometido.

Si bien es cierto que el estudio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de 2013 (Pérez, Giménez-Salinas, y De Juan, 2013) demuestra la eficacia terapéutica del programa de tratamiento por un delito de violencia de género, se puede inferir gracias a los resultados pre-tratamiento, que el estudio del programa analizado en este trabajo vaya también correctamente encaminado a la eficacia terapéutica del programa.

Igualmente, cabe explicar la limitación del presente trabajo, siendo la muestra de este muy pequeña (N=16). Por lo que habrá que interpretar los resultados con cautela, debido a la falta de validación científica por ser la muestra tan reducida.

Personalmente, creo que en tema de violencia de género se necesita un continuo trabajo de diferentes profesionales que sigamos estudiando e investigando científicamente esta evidente cuestión, con la finalidad de buscar soluciones a este problema, a mi parecer, de carácter mundial.

Bibliografía

Pérez, M., Giménez-Salinas, A. y De Juan, M. (2013). Evaluación del programa “Violencia de Género: programa de intervención para agresores”, en medidas alternativas. Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (UAM) y Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Recuperado el 28 de abril de: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/VDG_EVALUACION_AUTONOMA_NIPO.pdf

Langlands, R. L., Ward, T. y Gilchrist, E. (2009). Applying the Good Lives Model to male perpetrators of domestic violence. Behaviour Change, 26, 2, 113-129.

Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer. (2017). Informe anual del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer 2015. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones. Recuperado de: http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/IX_Informe2015_Capitulos.htm

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (2015). Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Medidas Alternativas – PRIA-MA. Madrid: Ministerio del Interior- Documento penitenciario. Recuperado el 30 de abril del 2017 de: http://www.institucionpenitenciaria.es/

(1) Estudio de Pérez, M., Giménez-Salinas, A. y De Juan, M. (2013). Evaluación del programa “Violencia de Género: programa de intervención para agresores”, en medidas alternativas. Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (UAM) y Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Recuperado el 28 de abril de: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/VDG_EVALUACION_AUTONOMA_NIPO.pdf


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INJUSTICIA SALVAJE

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Mentiría si dijera que las líneas que siguen las escribo desde la objetividad, porque en este caso voy a sacar a pasear a la subjetividad en cuanto a la injusticia salvaje que desde algunas instancias se está proporcionando a las mujeres que se atreven a denunciar abusos sexuales hacia sus hijos pequeños por parte de sus padres biológicos.

Me mueve el dolor y la tristeza de no saber cómo ayudar a algunas de estas mujeres que me piden ayuda sin que como profesional sepa qué camino ofrecerles, o cual es el más seguro para ellas, porque son ellas, madres que denuncian abusos sobre sus hijos pequeños quienes corren el peligro máximo de quedarse sin ellos.

Llevo muchos años conociendo este problema y confieso que en este momento tengo ganas de tirar la toalla.

Primero lo conocí durante 27 años en la Plaza de Castilla, de oficio. Teníamos niños pequeños, de entre tres y seis años, que veíamos al cabo de muchos meses, o años, y cuyos testimonios ya contaminados por múltiples y/o tardías evaluaciones eran imposibles de calificar.

A veces los niños emitían testimonios inverosímiles, niños normalmente envueltos en disparatados contenciosos entre sus madres, agobiadas por la evidencia de tener que entregar a sus hijos a quienes ellas consideraban agresores, y sus padres, a quien nadie enviaba a ninguna evaluación psicológica, y alegaban que se trataba de un ardid para apartarles de sus hijos.

Si el niño emite un testimonio inverosímil lo adecuado es considerarlo increíble. Yo he apuntado ante el Juez que valorábamos el testimonio, no el hecho, pero este dato esencial, que sólo podemos valorar testimonios y no hechos, o a lo más plantear la hipótesis más plausible en cuanto a la situación global que dio origen a la denuncia, según los diversos indicadores técnicos, no sé si se entiende bien, o no se especifica bien por parte de algunos compañeros forenses. Creo que en demasiados casos se nos ha traspasado a los psicólogos el papel de Juez que no podemos ni deberíamos querer tener.

Ahora viene la parte perversa de la situación: Si el niño pequeño no cuenta un testimonio creíble según nuestros estándares psicológicos entonces es la madre denunciante, (considerada perversa y nunca enferma, que es otra posibilidad), quien se lo habrá inducido de forma voluntaria.

Tengo varias alternativas que ofrecer. La primera es que una madre aterrorizada y traumatizada por un maltratador al que conoce muy bien en la intimidad temerá que este maltratador ejerza la misma violencia sobre sus hijos que antes ejerció sobre ella y podrá alentar, de forma involuntaria, verbalizaciones de abuso por su actitud vigilante y temerosa delante de ellos.

No creo que sea una situación imposible de entender. Sin embargo, esto no se entiende y se tiende sin más a criminalizar a estas madres que deben demostrar ante el tribunal que no han sugestionado a sus hijos, que son personas mentalmente competentes y que no sienten ningún ansia de venganza respecto a sus exmaridos, maltratadores o no.

Al final son ellas las acusadas y son sometidas sistemáticamente a un tercer grado. Particularmente si en el largo y tortuoso proceso hubo un dictamen de oficio inicial que consideró increíble la alegación, a veces y tan sólo, porque el niño pequeño tiene una buena relación con el otro progenitor, y sin más pruebas psicodiagnósticas que la impresión del entrevistador/a.

La segunda alternativa es que un niño pequeño simplemente carece de las habilidades necesarias para emitir un testimonio creíble. Además, antes de los ocho años es plenamente capaz de ir incorporando información post evento, sin ser capaz de distinguirla de la información inicial. Si sumamos el caos judicial de intervenciones en paralelo en el que estas denuncias sumen a este niño, un testimonio increíble para unos hechos ocurridos hace un tiempo no es una situación tan ininteligible.

Pero a pesar de estas alternativas razonables a la “falsa denuncia” perversa, (e indicado la posibilidad de enfermedad mental en la madre que nunca se contempla tampoco), en mi vida profesional he visto ya demasiadas situaciones lamentables para estas madres.

El concepto machista de la duda sistemática sobre las madres es un hecho que nos afecta a todos, a mí también.

A favor de esta perspectiva machista juega también el tabú del incesto. La visibilización social de este problema es un problema, valga la redundancia. Y esta actitud de negación inconsciente por parte de los profesionales se basa en la ideología patriarcal que nos alimenta a todos y no en datos de realidad.  En cualquier estudio sistemático sobre datos epidemiológicos de victimización sexual infantil los casos de incesto, desgraciadamente, no son excepcionales.

Ahí lo dejo. Planteando la contradicción de que cuando el niño es ya un/a adolescente, o un niño mayor, entonces ocurre el efecto contrario. Por inverosímil que sea, ese testimonio será declarado creíble, demasiadas veces, por motivos ideológicos más que técnicos, (ya no hay madre a la que echar la culpa). Qué difícil nos resulta a todos aplicar criterios técnicos, imparcialidad simple y apartarnos del pensamiento único.

 


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Parentalidad y divorcio: (des) encuentros en la familia latinoamericana

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Tengo el honor de presentar este estupendo trabajo  de la compañera psicóloga forense mexicana, doña Alejandra González Morales, alumna de nuestro Máster en Evaluación psicológico-forense y penitenciaria, 2ª Edición , CES Cisneros.

El talento, la ilusión y el estudio de  jóvenes como ella es el mejor aliento de los que intentamos enseñar lo poco que sabemos a las nuevas generaciones.

Video PromocionalBlanca Vázquez Mezquita

 

Alejandra González Morales

Luego de la lectura del capítulo señalado[1], de todo lo revisado en el Máster y de otras fuentes de información consultadas, me atrevo a plantearme el siguiente razonamiento: los problemas dentro del contexto del divorcio o separación en una familia con hijos e hijas, son complejos, los cuales pueden manifestarse en diversos grados de impacto sobre todos los miembros de la familia.  No obstante, existen problemas de mayor gravedad, los cuales pueden constituir incluso un delito: la violencia hacia cualquiera de las personas que integran la familia. Derivado, comúnmente, de que el conflicto parental se vuelve más importante incluso que los derechos de los más vulnerables que generalmente son los hijos/as.

También entiendo que en términos de familia y parentalidad se manifiestan distintos gradientes, y que cada caso deberá ser atendido partiendo de las particularidades del mismo.

Sin embargo, el autor y varios más revisados en éste Máster, le atribuyen al tema de género, un generador de sesgos más que de soluciones, porque se entiende o bien se aplica como si fuera sinónimo de sobreprotección a las mujeres, lo cual no es lo correcto. E incluso se deja entrever la necesidad de mantenerse neutrales ante estas posturas, pero yo pienso distinto, me parece que la neutralidad puede volverse indiferencia, y dejar de hacer las cosas con perspectiva de género en un país como México[2] supone el riesgo de no comprender y en consecuencia no resolver sobre el fenómeno de manera integral.

Con esto no quiero decir que en todos los casos donde se alegue violencia contra las mujeres en la relación de pareja, se concluya a favor de ellas, pues nuestras conclusiones no son resultado de probabilidad estadística, sino del procedimiento científico. Es decir, las generalizaciones, no caben en el trabajo pericial pues caeríamos en los equívocos de investigación como el sesgo confirmatorio, sin realizar un procedimiento objetivo, científico y apegado a la legalidad y derechos humanos (que incluye la igualdad de derechos de las personas, pero también entender las necesidades específicas que se generan por sus características particulares y esto no implica sobreprotección esto implica análisis justo de la persona (género, discapacidad, grupo étnico, etc.).

No obstante, me he percatado que como peritos/as estamos sujetos a estos referentes y si les agregamos la baja credibilidad en las investigaciones oficiales, se vuelve entonces una causa personal el hecho de hacer “justicia” a la persona validando su verdad, y se toma la bandera “redentora” de luchar por la justicia incluso llegando a convertir el asunto en “mediático” que luego se resuelve más por la presión social que produce la sociedad -quien generalmente sólo cuenta con información parcial de la situación- que de aquello que científicamente y legalmente se puede probar. Este escenario es propiciado muchas veces por el o la abogada y  validada por las y los peritos que se enganchan con la situación, sin que ninguno/a se cuestione si puedo o no estar equivocados/as. Para luego,  cegados/as por el ímpetu de hacer “justicia”, van desacreditando todo lo que vaya en contra de su idea fuera del tribunal, regularmente en los medios de comunicación, nada más anticientífico e ilegal que eso.

Es por ello que puedo decir, que coincido con varios razonamientos presentados por el autor, en relación a la falta de equidad respecto a determinar la custodia  entre la figura paterna y la figura materna, atribuyendo a la mujer, la mejor opción de crianza para los hijos/as. Me parece discriminatorio en términos de género, que por ser hombre se encuentren en desventaja respecto a sus competencias parentales, dejando esta función como una suerte de conducta que deviene en los “genes” o de los “genitales” y se olvida que se trata de una competencia que se adquiere, se mantiene y se busca, y como tal debe verificarse en todas las personas, sean mujer u hombre.

Además, atenta contra los derechos de los hijos e hijas, del padre y de la madre misma, porque la crianza sostenida únicamente por una figura parental es una tarea ardua y muchas veces altamente desgastante, formar a una persona no es tarea fácil.

Ahora bien, la frase de rechazar a una de las figuras parentales, sin que haya una razón que lo justifique, es una de las premisas más importantes que plantea el SAP. Y yo tengo que decir algo al respecto, en la justificación creo que está la dificultad, pues desde mi experiencia laboral, he visto que el problema para los peritos/as está en que SAP requiere de más investigación y precisión sobre los instrumentos de detección, por lo siguiente: así como hay falsas denuncias, de forma proporcional hay desacreditación del dicho de los niños argumentando SAP y la situación se torna difícil porque los parámetros para detección del SAP son coincidentes con los indicadores de las madres y/o padres que protegen a sus hijos e hijas del padre o madre abusiva y por ende con las reacciones de los hijos e hijas presuntamente abusados y/o maltratados por el padre o madre rechazado/a. Resultando insuficiente lo que uno de los  factores excluyentes del SAP sea precisamente el maltrato y/o abuso. Pero en la práctica no sucede así, el SAP  ya es el salvavidas más socorrido al que acuden los padres y/o madres acusadas de abuso y/o maltrato hacia sus hijos e hijas.

Considero que para sostener la objetividad es apostarle al método de estudio, porque en los litigios o conflictos legales las partes lucharan siempre por una resolución a su favor y para ello pueden hacer lo necesario para lograrlo, sin importar la violación a los derechos de los demás,  lastimándolos con argumentos falsos, pero esto no es exclusivo ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de los hijos e hijas, es de todos y todas, quienes participamos en el sistema judicial (peritos, policías, abogados/as, jueces, juezas, las partes, etc.).  Finalmente, reflexiono en que todos y todas debemos revisar nuestros propios prejuicios éticos, científicos, morales, ideológicos, etc. Y por otro lado también cuidar no caer en el dogmatismo, pues la ciencia tampoco es una suerte de reglas fundamentalistas, debemos tener claro que un fenómeno se puede revisar desde distintas posturas teóricas, pero todas bajo el común denominador de las reglas de la rigurosidad científica, finalmente la ciencia se actualiza a partir del trabajo continuo (hallazgos), es por ello que al peritar debemos tener claro los alcances y limitaciones de nuestra ciencia.  En síntesis, mi aportación sobre las formas en que los peritos podemos promocionar la violencia parental son: no revisando nuestros propios prejuicios y posicionarnos sobre el tema desde nuestra propia subjetividad y no de la realidad de las personas en cuestión, extralimitándonos en nuestras opiniones técnicas y finalmente no siendo lo suficientemente críticos de nuestro actuar.

Referencias.

INEGI (2012). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyecto s/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2 011/default.aspx 2011.

INEGI (2010). Estadísticas vitales de mortalidad 2010 y SOMEDE Conciliación demográfica de México y entidades federativas 1990-2010. México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (2015). Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el derecho a la igualdad. México.

Zicavo, N. (2016). Parentalidad y Divorcio: (Des)encuentros en la familia latinoamerica. Asociación Lationamericana para la formación y la enseñanza de la psicología Editorial. Costa Rica.

[1] Zicavo, N. (2016). Parentalidad y Divorcio: (Des)encuentros en la familia latinoamerica. Asociación Lationamericana para la formación y la enseñanza de la psicología Editorial. Costa Rica. Cap. ¿No era la equidad lo que buscaban? Daniel Ramírez

[2] En México la violencia contra las mujeres por razones de género es una realidad grave “por cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 47 han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación” (INEGI, 2012) además desde el 2008, se tiene reportado un incremento del doble de homicidios de mujeres vinculados con  violencia de género (INEGI, 2010), aunado a las  medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos “Campo Algodonero”, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (SCJN. 2016).


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IV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA EN ESPAÑA

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El pasado 20 y 21 de octubre se celebraron las IV Jornadas de la A.I.P.J. en Santa Cruz de Tenerife, bajo el título “La Psicología Jurídica como vía de Resolución Pacífica de Conflictos”.

Durante estas jornadas se abordaron numerosos e interesantísimos temas sobre la Psicología Forense, contando con la presencia de grandes profesionales.

Como muestra, os dejamos un breve video de la conferencia inagural realizada por el Dr. Leonardo Rodríguez Cely.

Finalmente, doña Blanca Vázquez Mezquita tuvo el honor de clausurar estas jornadas con la conferencia “Situación jurídica y pericial de los menores víctimas. Ideas para una reforma”.

 

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Mesa Redonda de Estrategias contra la Violencia de Género

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Tenemos el gusto de compartir el vídeo de la Mesa Redonda celebrada el pasado 10 de octubre en la Universidad Cardenal Cisneros.

En ella, grandes colegas y profesionales de la Psicología aportaron información valiosísima sobre uno de los problemas de la sociedad, la violencia de género.

Espero que disfrutéis de la grabación de esta Mesa Redonda tanto como nosotros disfrutamos en directo.

AQUI EL LINK

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“Crimen y seguridad: Lanzamiento del Volumen 59 No 2, Revista Criminalidad”

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Tenemos el gusto de compartir el evento “Crimen y seguridad: Lanzamiento del Volumen 59 No 2, Revista Criminalidad” llevado a cabo por nuestros colegas y amigos en Colombia.

En el marco de una línea de investigación interinstitucional entre el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y el Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se realizará el conversatorio en “Crimen y seguridad” y “Lanzamiento del Volumen 59 No 2 de la Revista Criminalidad”.

Fecha: 04 de octubre.
Hora: 9:00 a 11:00 am (ingreso y confirmación de inscripción iniciará a las 08:00 am)
Lugar: Universidad de los Andes, Auditorio Alberto Lleras Camargo, Bogotá. (Colombia)

Link de inscripción: https://goo.gl/forms/ijuDJiUzYUVAJ68S2

 

AGENDA

08:00 – 9:00 Inscripción
09:00 – 09:15 Palabras de instalación.
09:15 – 9:30 Presentación de la Revista Criminalidad Volumen 59 No.2, Doctor Hernando Zuleta González, Director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas CESED.
9:30 – 9:50 Doctora Angélika Rettberg Beil. Directora de la Maestría en Construcción de Paz, Universidad de los Andes. Intervención: “Conflicto armado y criminalidad en el posconflicto: Explorando los vínculos”.
9:50 – 10:10 Doctor Michael Weintraub. Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes. Intervención: “Intervenciones Basadas en Evidencia: el Rol de Experimentos”.
10:10 – 10:30 Doctor Camilo Olaya, Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Intervención: “Experiencias en ingeniería criminológica”.
10:30 – 10:50 Coronel Luis Ernesto García Hernández. Director Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”. Intervención: “Prácticas de coordinación y planeación interinstitucional en seguridad ciudadana en Colombia”.
10:50 – 11:00 Entrega Revista Criminalidad.

 

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3ª Edición (2017-2018) ,MÁSTER INTERNACIONAL CES CISNEROS EVALUACIÓN PSICOLÓGICO-FORENSE Y PENITENCIARIA. AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

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AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

Este máster internacional se imparte de forma online, accediendo el alumno a todo el contenido a través de nuestra plataforma de tele-formación. Se ofrecerán horas de formación presencial opcional (o en diferido, vía online) a través de conferencias de interés forense que se realizarán en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros. Se ofrece una hora semanal de tutoría presencial o por videollamada. Además, será posible realizar prácticas presenciales, de 100 horas, no remuneradas y voluntarias en distintas entidades colaboradoras.

También está en proceso la implantación de programas de intercambio con universidades colombianas, que esperamos esté disponible para el próximo curso.

 

¿Quién puede cursar este máster?

Este máster está dirigido a todos los licenciados o graduados en psicología, así como a los estudiantes de este u otros grados, gracias a su modalidad on-line. Los títulos del máster se expenderán una vez acreditada la finalización del grado. No obstante se facilitará un certificado a todos los alumnos que hayan superado los estudios con éxito que acreditará la realización del máster.

 

¿Qué salidas profesionales tiene la psicología forense?

  • Peritajes psicológicos en el ámbito civil, penal o laboral tanto en el sector público y/o privado.
  • Psicólogos penitenciarios.
  • Psicólogos de Justicia Juvenil y violencia filio parental.
  • Intervención en víctimas.
  • Atención y prevención de la violencia (comunitaria, escolar, laboral, de género).
  • Intervención en procesos de divorcios, guarda y custodia, tutela, adopción y mediación.
  • Atención en salud mental e incapacitación, valoración secuelas, capacidad civil.
  • Policía y cuerpos de seguridad.
  • Abogados y Agentes Jurídicos

 

 

¿Cuándo comienza y cuánto dura?

El máster consta de 1.500 horas lectivas (60 créditos ECTS), dando comienzo del 15 de noviembre de 2017 y finalizando el 15 de agosto de 2018.

El curso está estructurado en cinco módulos, cada uno de los cuales dura dos meses. Cada módulo, así como el TFM pondera lo mismo dentro de la nota global del máster.

Los módulos constan de una parte teórica y una serie de actividades prácticas, que en su mayoría son unos tres o cuatro trabajos prácticos y que pueden consistir en la realización de informes o trabajos típicos del ámbito psicológico forense, o el análisis crítico de diversos recursos como conferencias o ensayos de temática variada.  Todo ello va acompañado, además de la parte teórica, con ejemplos reales del ámbito laboral.

Cada módulo tiene así mismo un foro de debate y dudas donde los profesores y los alumnos pueden compartir sus ideas. Estos foros se complementan con las tutorías por videollamada que cada alumno necesite.

 

¿Cuáles son los contenidos de cada módulo?

  • Módulo I: Víctimas e imputados. Evaluación del estado mental, responsabilidad penal y secuelas psicológicas. Aspectos éticos de la intervención forense. Coordinador: D. Elías Escaff. Universidad de Chile. Santiago de Chile.
  • Módulo II: Valoración de la credibilidad del testimonio: menores, adultos y abuso sexual infantil.
    Coordinador: Dr. Josep Ramón Juárez. EAT Penal y Oficina de Atención al Delito de Girona, Ministerio de Justicia.
  • Módulo III: Evaluación de la responsabilidad criminal. Perfiles del delincuente.
    Coordinadora: Dña. Blanca Vázquez Mezquita. Directora Vazquez Mezquita Psicolegal
  • Módulo IV: Reincidencia, tratamiento y medidas de seguridad: tratamiento penitenciario.
    Coordinador: Dr. Carlos Alberto Poiares. Doctor en Psicología por la Universidad de Oporto. Vicerrector de la Universidad Lusófona de Lisboa.
  • Módulo V: Las periciales en el ámbito del derecho de familia. Guardas y custodias disputadas. Procesos de tutela, guarda y adopción.
    Coordinadora: Dña. Asunción Tejedor Huertas. Psicóloga clínica y forense. Presidenta de la AIPJ España.

 

¿Qué conocimientos se adquieren con este máster?

Los objetivos de este Máster son adquirir los conocimientos necesarios mediante los contenidos teóricos, los casos reales y las prácticas voluntarias encaminados a poder realizar:

  • El protocolo de evaluación psicológica de una persona dentro del ámbito forense.
  • Las técnicas psicodiagnósticas a emplear.
  • La evaluación del testimonio de un menor.
  • Tipos diferentes de entrevistas en Psicología Forense según los casos.
  • Tipos de informes psicológicos (a víctimas o agresores).
  • Los posibles tratamientos que se pueden ofrecer a los delincuentes.
  • Reincidencia y medidas de seguridad.
  • Valoración de la peligrosidad.
  • Vistas orales como perito.
  • Realizar informes periciales civiles, penales y contra informes.
  • Aspectos éticos y deontológicos
  • Psicología de Familia (periciales y mediación)
  • Perfiles criminales.

 

¿Qué precio tiene esta formación y cómo hago la matrícula?

El precio de la matrícula es de 3.000 euros, y debe realizarse antes del 20 de septiembre de 2017. Si se desea realizar prácticas presenciales de 100 horas en un centro concertado el precio se incrementa en 300 euros.

La matrícula puede realizarse en uno o dos pagos, para aquellos alumnos que realicen un único pago se aplicará un descuento del 5%. Los alumnos del CES Cardenal Cisneros   tendrán, asimismo, un descuento del 5%.

La matrícula en dos pagos se distribuye:

Primer pago: 1.800 euros antes del 15 de noviembre de 2017. En el caso de la realización de prácticas presenciales voluntarias se abonará aquí 2.100 euros.

Segundo pago: 1.200 euros antes del 1 de febrero de 2018.

Para más información y consultas: secretariamaster.vm@gmail.com

Inscripción y pago de matrícula: secretaria@universidadcisneros.es

 

¿Quién imparte este máster?

Los directores de este máster son:

  • Dr. Javier Urra Portillo. Doctor en Psicología Clínica y Forense. Doctor en Ciencias de la Salud. Presidente de la Comisión Rectora recURRA – GINSO. Profesor del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros. Académico de número de la Academia de Psicología.
  • Dña. Blanca Vázquez Mezquita. Psicóloga clínica y forense. Directora de Vázquez Mezquita PSICOLEGAL.

 

 

Los profesores del máster son:

  • D. Santiago Amaya Nassar. Universidad Javeriana de Bogotá
  • Dr. Antonio Andrés Pueyo. Catedrático de la Universitat de Barcelona y Consultor Senior del Instrituto de Psicología Forense.
  • D. Eduardo Atarés Pinilla. Psicólogo clínico. Director de la Residencia Campus Unidos (recURRA – GINSO).
  • Dña. Juana M. Azcárate Seminario. Psicóloga especialista en Psicología Jurídica. Instituto de Psicología Jurídica y Forense (PSIMAE).
  • Dra. Lucía Barboni. Doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada (España) y Psicóloga en el Instituto Nacional de Criminología (Uruguay). Profesora de la Universidad Católica de Uruguay.
  • Dr. Carlos Benedicto Duque. Doctor en Psicología y Subdirector de Tratamiento Teresa de Calcuta (GINSO).
  • D. Miguel de Castro Arranz. Psicólogo de Vigilancia Penitenciaria de los Juzgados de Madrid.
  • Dra. María José Catalán Frías. Psicóloga forense. Ministerio de Justicia. Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia.
  • Dr. José Antonio Echauri Tijeras. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Forense. Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ). Instituto de Psicología Jurídica y Forense (PSIMAE).
  • D. Elías Escaff Silva. Psicólogo. Profesor de Psicología Jurídica en la Universidad de Chile.
  • Doña. Paula Flores. Psicóloga. Profesora en la Universidad de Chile.
  • D. Marcos García Montes. Doctor en Derecho. Socio colaborador de la Real Academia Jurisprudencia y Legislación.
  • D. Manuel García Nart. Especialista en Medicina legal y Forense.
  • Dr. Lucía Halty Barrutieta . Doctora en Psicología y profesora de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
  • Dr. Josep Ramón Juárez López. Doctor en Psicología. EAT Penal y Oficina de Atención al Delito de Girona, Ministerio de Justicia.
  • Dra. Gisela Y. Jurado Iglesias. Doctora en Psicología de la Salud por Universidad Nacional Autónoma de México. Psicóloga Forense (Sección de Salud Mental Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá).
  • Dr. Gabriel Kaplan. Especialista en Psiquiatría de Adultos e Infanto-juvenil. Profesor Clínico Asociado de la Escuela de Medicina de Rutgers, New Jersey, USA. Distinguised Fellow, Asociación Psiquiátrica Americana Director Médico, Bergen Regional Medical Center, New Jersey, USA.
  • Dra. Ana Martínez Dorado. Doctora en Psicología. Directora del departamento de Psicología Jurídica en EOS. Profesora del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros.
  • D. Ervyn Norza Céspedes. Mayor de Policía Nacional de Colombia. Investigador Criminológico de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Representante en Colombia de la AIPJ.
  • Dr. Carlos Alberto Poiares. Licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa. Doctor en Psicología por la Universidad de Oporto. Vicerrector de la Universidad Lusófona de Lisboa.
  • Dr. David A. Ramírez Acuña. Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Centro América. Psicólogo Forense en los Juzgados de San José, Costa Rica.
  • Dr. Leonardo Rodríguez Cely. Psicólogo forense y Profesor de la Universidad Pontificia Javierana de Bogotá.
  • D. Jordi Royo i Isach. Psicólogo Clínico. Director Clínico de Amalgama-7. José Antonio Ruiz Hernández: Profesor de la Universidad de Murcia.
  • Dra. Isabel Salinas Chaud. Doctora en Psicología. Profesora en la Universidad de Chile. Coordinadora del Laboratorio de Psicología Jurídica. Presidenta de la AIPJ.
  • Dr. José Luis Sancho Acero. Director Clínico de RecURRA – GINSO.
  • Dña. Asunción Tejedor Huertas. Psicóloga clínica y forense. Presidenta de la AIPJ España.
  • Dña. Beatriz Urra González. Psicóloga del Programa recURRA-GINSO. Máster en Psicología Jurídica.
  • D.Manuel Vergara Blázquez. Psicólogo forense. Equipos técnicos de los Juzgados de Menores de Almería.
  • Dña. María Yela García. Psicóloga Penitenciaria.

Si usted está interesado en conocer el programa específico del Máster o tiene alguna otra duda , diríjase a secretariamaster.vm@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 


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ADENTRÁDONOS EN EL TEST DE ROSCHACH Y LAS TÉCNICAS PROYECTIVAS

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Tenemos el honor de presentaros el curso “Adentrándonos en el test de Roschach y las Técnicas Proyectivas” realizado a través del Instituto de Interacción y Dinámica Personal, actual referente en formación en Psicoterapia y Counselling para Psicólogos, Médicos y demás profesionales de la relación de ayuda. Este curso será impartido por nuestra colaboradora y experta en Técnicas Proyectivas la Dra. Fátima Miralles Sangro.

Os dejamos la información del curso que esperamos sea de vuestro interés:

Objetivo del curso

Adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación, codificación e interpretación del Roschach y de las técnicas proyectivas necesarias para realizar un psicodiagnóstico. 

Profesora

Fátima Miralles Sangro. Doctora en Psicología. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Ha impartido, durante cuarenta años, la asignatura de Técnicas Proyectivas y Test de Rorschach en la Universidad de Comillas.

 ¿A quién va dirigido?

Dirigido a estudiantes de 4º de Psicología y Psicólogos con conocimiento de la aplicación y codificación siguiendo el Sistema Comprehensivo.

 Metodología

La metodología de este taller será activa. Los participantes intervendrán aportando sus propios protocolos.

Las explicaciones teóricas del Rorschach se podrán ver enriquecidas, adaptándose siempre al nivel de conocimiento del grupo, con aportaciones de otras pruebas proyectivas: Desiderativo, Test de Relaciones Objetales (TRO), pruebas gráficas (House-Tree-Person; Dibujo de un Nido de Pájaros; Dibujo de una Persona bajo la Lluvia).

Duración del curso

1º MODULO: INTRODUCTORIO.- Todos los jueves del 19 de octubre al 21 de diciembre de 2017. Jueves de 16:30 a 18:30. Total: 18 horas. 

2º MÓDULO: TRABAJANDO LA INTERPRETACIÓN DEL TEST RORSCHACH.- Todos los jueves del 11 de enero al 31 de mayo de 2018. Jueves de 16:30 a 18:30. Total 40 horas.

 

Inscripción y más información

http://www.psicoterapeutas.org/cursos/adentrandonos-test-rorschach-las-tecnicas-proyectivas/#1492598477129-855a59e7-416b


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Defendiendo al menor

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Por Blanca Vázquez Mezquita y Carlos López Argüello

Como profesionales, y como ciudadanos, debemos proteger a la víctima de delitos, y entre ellas al menor, que es, de entre todas las víctimas humanas, la más vulnerable.

La ley, y el deber moral, nos mandan proteger al menor siempre, y más en todos aquellos casos en donde existan indicios racionales de un posible abuso emocional, físico o sexual.

En las últimas modificaciones de la Ley de Protección del Menor, queda clara la urgencia de protección de todos los menores en riesgo.

En la Ley Orgánica 8/2015 y 26/2015 se modifican una serie de principios del Sistema de Protección a la infancia y la adolescencia, buscando el interés superior del menor, atención y protección para los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia dwatercolour-1768921_1920e género, y protegiendo a los menores que han podido ser víctimas de otro tipo de violencia.

Además, estas modificaciones establecen que se debe actuar deteniendo, notificando, asistiendo y, sobretodo, protegiendo, cualquier forma de violencia ejercida sobre los menores, intentando lograr una coordinación entre las distintas Administraciones, tanto públicas como privadas.

Esto que suena tan bien, solo se encuentra sobre el papel. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, tanto los psicólogos como otros profesionales: médicos, enfermeras, trabajadores sociales, profesores, etc., estamos a veces atrapados entre normativas legales y deontológicas contradictorias, cuando el posible agresor del menor es uno de los progenitores y la “patria potestad” actúa de impedimento, y parapeto, del posible agresor.

Cuando un psicólogo intenta detectar un posible caso en donde existen, aunque sean mínimos, indicios de abuso sexual, nos encontramos con la amenaza de recibir una denuncia llevada a cabo por la parte denunciada. ¿Qué hacer pues? ¿No actuar y dejar que las cosas sigan su curso? ¿Actuar y arriesgarnos a una denuncia deontológica?

Veamos qué podemos hacer con la Ley en la mano.

Desde el Código Civil, en cuanto a las relaciones paterno-filiales, se recoge:

Artículo 156

La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad.

Estas situaciones de urgente necesidad muchas veces vienen alertadas por el propio padre o madre sobre el peligro que pueda correr su hij@ por parte del otro progenitor. Sin embargo, uno de los progenitores puede negarse a que su hijo sea evaluado, puesto que si no existe una denuncia de abusos o malos tratos, la patria potestad que ostenta el progenitor le da la razón para negarse a que realicen actuaciones con su hij@.

Bien, continuemos con qué podemos hacer como psicólogos ( o como cualquier profesional).

En la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, ya se recogía lo siguiente:

Artículo 13

“Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle auxilio inmediato que precise”

En la última reforma mencionada anteriormente, 26/2015 del 29 de julio, amplía lo siguiente:

“(…) detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo (…)”

El mismo Código nos marca la necesidad de actuar, de que los profesionales no se queden impasibles ante una situación de maltrato, como son los indicios sobre un posible abuso sexual.

Se produce un choque entre las obligaciones de la patria potestad y la necesidad de actuación ante una situación de maltrato. Cuando los progenitores están separados o divorciados, la patria potestad continúa siendo conjunta, y el ejercicio de la misma recae sobre ambos.

Por tanto, están en su derecho de negarse a que su hijo o hija sea evaluado sin su consentimiento, pero a la misma vez el profesional que detecte una situación de posible maltrato debe prestar auxilio. Entonces, ¿qué hacer?

Desde el Código Deontológico del Psicólogo y los distintos escritos emitidos por los Colegios, es clara la forma de actuar ante la necesidad de evaluación o tratamiento con niños con padres separados:

“Una vez que ambos titulares de la patria potestad han sido informados, si uno de los dos no otorgara el consentimiento, bien porque no se hayan puesto de acuerdo respecto a la necesidad de la intervención (tanto para una evaluación como para tratamientos), al profesional elegido, al tipo de intervención, etc. y si aún así el profesional estimara, en defensa de los legítimos intereses de los menores, que dicha intervención es necesaria o conveniente, deberá comunicarlo a ambos y quedar a la espera de la decisión que finalmente se adopte. El padre o la madre solicitante de la intervención en el caso de no llegar al consenso con el otro progenitor, de acuerdo a la legislación vigente, podrá recurrir a la vía judicial. El juez, tras oír a ambos titulares de la patria potestad y al menor si tuviera más de 12 años, podrá autorizar la intervención psicológica sin el consentimiento del progenitor discrepante”. (Extraído del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental)

Lo anterior muestra un proceso lento. Ante sospechas de abuso sexual el psicólogo debe esperar a unos y otros para poder actuar. El niñ@ tendrá que seguir con su rutina, con el peligro que puede conllevarle si realmente existe una situación de abuso y de maltrato.

En muchas ocasiones, esta lentitud y ambigüedad de la Justicia española desemboca en noticias tan tristes como estas:

“Una juez entrega a un niño a su padre, investigado por abusar el pequeño”

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/08/actualidad/1494269968_060651.html

“La UE sospecha que España vulnera el interés superior del menor en la investigación de abusos sexuales”

http://www.eldiario.es/sociedad/Europa-Espana-superior-investigacion-sexuales_0_636937324.html

“Víctima de supuestos abusos y de las contradicciones de la justicia”

http://politica.elpais.com/politica/2017/02/14/actualidad/1487099933_732263.html

 


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Acto de presentación de la 3ª Edición del Máster Internacional Cisneros en Evaluación psicológico-forense y penitenciaria

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Don Javier Urra se dirige a los asistentes el día 25 de Mayo de 2017

Este máster internacional se imparte de forma online, accediendo el alumno a todo el contenido a través de nuestra plataforma de tele-formación. Se ofrecerán horas de formación presencial opcional (o en diferido, vía online) a través de conferencias de interés forense que se realizarán en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros. Se ofrece una hora semanal de tutoría presencial o por videollamada. Además, será posible realizar prácticas presenciales, de 100 horas, no remuneradas y voluntarias en distintas entidades colaboradoras.

También está en proceso la implantación de programas de intercambio con universidades colombianas, que esperamos esté disponible para el próximo curso.

 

Para más información:

3ª Edición (2017-2018) ,MÁSTER INTERNACIONAL CES CISNEROS EVALUACIÓN PSICOLÓGICO-FORENSE Y PENITENCIARIA

 

 


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